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Las sanciones tributarias mal motivadas pueden ser anuladas

Así resulta de una reciente resolución del TEAR obtenida por nuestro despacho.

Si el acto sancionador carece de la motivación, y  fundamenta la culpabilidad en el resultado de la liquidación (por ejemplo dejar de ingresar), pero sin una valoración individualizada de los elementos concretos de dicha conducta de los que pueda inferirse el dolo o al menos la negligencia, y se motivan solo mediante formulas tipo, validas para cualquier supuesto, procederá anular el acto impugnado.

La validez de las sanciones en nuestro derecho está vinculada a la concurrencia tanto de elementos objetivos (dejar de ingresar), como de los elementos subjetivos (la culpabilidad).

En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia.

Se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando se impone la sanción por el mero hecho de no ingresar, pero sin acreditar la existencia de un mínimo de culpabilidad y de ánimo defraudatorio, siendo imprescindible una motivación específica en torno a la culpabilidad o negligencia y las pruebas de las que ésta se infiere.

Si la Administración tributaria consideraba que el sujeto pasivo no actuó diligentemente,  debe hacer explícitos los motivos en el acuerdo de imposición de la sanción, porque en el ámbito administrativo sancionador la conclusión de que la conducta reprochada a un sujeto pasivo puede comprenderse en alguno de los tipos establecidos por la ley, debe estar soportada no por juicios de valor, ni por afirmaciones generalizadas, sino por datos de hecho suficientemente expresivos y detallados, dado que las sanciones tributarias no pueden ser el resultado, poco menos que obligado, de cualquier incumplimiento de las obligaciones tributarias.

Se está exigiendo a la Administración que aporte los elementos concretos de la conducta que indiquen la culpabilidad, es más, incluso detallados, para incorporarlos al razonamiento que concluya con la existencia de culpabilidad.

Por ello, los elementos fácticos y jurídicos en los que la Administración fundamente la existencia de la culpabilidad deben constar en el expediente sancionador y en el propio acuerdo sancionador, sin que resulte admisible intentar acreditar su existencia por remisión a los hechos que resulten acreditados en el expediente de regularización de la deuda o a otros documentos distintos del expediente sancionador diferentes de la propia resolución sancionadora.

Por lo que si el acto sancionador carece de la motivación, y fundamenta la culpabilidad en hechos determinantes del resultado, pero sin una valoración individualizada de los elementos concretos de dicha conducta de los que pueda inferirse el dolo o al menos la negligencia, y se motivan solo mediante formulas tipo, validas para cualquier supuesto, procederá anular el acto impugnado.

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